Punto Final, Nº 878 – Desde el 23 de junio hasta el 6 de julio de 2017.
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Codelco elude a la Contraloría

 

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor empresa estatal chilena, trata desesperadamente de eludir las revisiones de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que en una auditoría regular efectuada al periodo 2012-2015 detectó millonarios contratos entre la minera y empresas relacionadas con familiares de altos ejecutivos de la entidad, por un monto cercano a los 785 millones de dólares.
En diversas revisiones a las cuentas de Codelco la CGR cuestionó también otros subidos gastos en soportes electrónicos de entretención, fiestas y celebraciones, además de voluminosas indemnizaciones a empleados y funcionarios de la empresa, antecedentes que entregó al Ministerio Público para que los investigue la justicia.
La CGR informó que muchos de los gastos irregulares y los contratos celebrados con firmas relacionadas con los ejecutivos de Codelco fueron ocultados al no registrarlos en el software de gestión que mantiene la cuprífera. En un documento entregado por el contralor general, Jorge Bermúdez, a la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, se indicó que esta situación “distorsiona la información contenida en el mismo respecto de la cuantificación de los negocios celebrados por la Corporación con personas relacionadas, y eventualmente, puede conllevar a que no se soliciten las autorizaciones establecidas”.
Bermúdez afirmó que sólo 520 millones de dólares fueron transparentados por medio del sistema de gestión interna de Codelco y que el 92 por ciento de éstos fueron adjudicados mediante trato directo, licitación privada y proveedor único, eludiendo la realización de licitaciones públicas como exige la norma general de las empresas del Estado.
El contralor ha insistido en que Codelco no tiene libertad absoluta para pactar cualquier cosa en sus negocios y en su administración interna, y que debe regirse por los principios de probidad, eficacia y eficiencia que rigen en las actividades del Estado.
El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, acusó a la CGR de estar “moviéndose hacia otra cosa, que es evaluar el mérito financiero, económico y minero de las decisiones de Codelco y eso está expresamente prohibido en la ley”. Agregó que “la Contraloría está interpretando mal sus funciones”, asegurando que es “injusto lo que se está haciendo con una administración y un directorio que en algunos casos nos hemos jugado hasta la vida (…) Casi la totalidad de las denuncias, que han aparecido con estas filtraciones de estos informes de Contraloría, responden a cosas que son previas al periodo actual y a la administración actual de la compañía. Y no solamente son previas en términos de fechas sino que corresponden a cosas que esta administración ha estado auditando, ha estado investigando, ha estado reduciendo, ha estado prohibiendo y ha estado sancionando”, apuntó el presidente del directorio de Codelco.
La denuncia del contralor ante el Ministerio Público significó la designación del fiscal Manuel Guerra para que investigue si, efectivamente, las irregularidades en la administración de la estatal son constitutivas de delitos.

LOS CONTROLES FLAQUEARON
En 1976, el dictador Augusto Pinochet ordenó crear la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, para que supervisara la administración y producción de las minas de cobre en manos de Codelco. A la cabeza de esta comisión quedaron los ministros de Defensa y Minería, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un representante del Banco Central y dos representantes personales del propio Pinochet. Es decir, el dictador controlaba férreamente todas las decisiones de Codelco y los fondos secretos que emanaban de la producción de cobre que iban a engrosar las arcas del ejército y de las otras ramas de la defensa nacional.
Desde ese momento, la injerencia de la CGR en el manejo de Codelco fue prácticamente inexistente, situación que se mantuvo casi invariable hasta que asumió el actual contralor Jorge Bermúdez, en diciembre de 2015.
Los otros dos entes que tienen facultades para revisar las cuentas de Codelco son el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismos cuyas principales jefaturas dependen de la Presidencia de la República.
El actual vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, afirmó en las últimas semanas que si bien Codelco ha avanzado en su habilidad fiscalizadora, aún no cuenta con las herramientas necesarias para controlar todas sus operaciones y filiales. Aseguró, además, que “Cochilco ya no cumple con su rol fiscalizador, como la propia Contraloría ha comprobado” y afirmó que Cochilco presentó en 2011 una denuncia ante el entonces director del SII, Julio Pereira, por las pérdidas por parte de Codelco de alrededor de 4.700 millones de dólares en mercados de futuro del cobre. “La denuncia ante el SII correspondía porque estas pérdidas implicaban también un enorme perjuicio tributario. Nunca el SII nos contactó para solicitar mayores antecedentes o informarnos sobre el avance de esta denuncia”, sostuvo Hernández.
Cochilco insistió sobre su denuncia en noviembre de 2014 ante el nuevo director del SII, Michel Jorrat. “Tiempo después fuimos contactados por una fiscalizadora y percibimos una cierta voluntad de investigar. Pero todo volvió a fojas cero, cuando Fernando Barraza asumió como director del SII, quien nada ha hecho por investigar este fraude tributario”, añadió el ejecutivo.

CAJA PAGADORA DE FAVORES POLITICOS
La Cámara de Diputados creó una comisión para que investigue las supuestas irregularidades en Codelco, mientras parlamentarios de la derecha decidieron presentar querellas ante la justicia para que se investiguen supuestos delitos al interior de la cuprífera. En tanto, ex ejecutivos de Codelco, empresarios mineros y otros representantes de diversas actividades vinculadas a la industria del cobre, han levantado su voz para defender la “independencia” de la Corporación del Cobre.
En otros ámbitos de la ciudadanía, sin embargo, aumenta la sensación de que Codelco desde hace casi cuatro décadas es utilizada como caja pagadora de favores políticos y como fuente inagotable de jugosos sueldos para militantes y partidarios de los gobiernos que se han sucedido en el país.
Así, por ejemplo, Codelco desembolsó 28.213 millones -unos 51 millones de dólares, según el tipo de cambio de la época- para costear planes de egreso voluntario a los que se acogieron 237 trabajadores de la División El Teniente, entre enero de 2013 y mayo de 2014. Este monto incluyó la indemnización legal y los beneficios adicionales que contemplaban los planes de retiro. La cuprera estatal pagó poco más de 23 mil millones por los planes de egreso de 209 trabajadores Rol B de operarios y un poco más de cinco mil 120 millones por los de 28 trabajadores Rol A de supervisores y profesionales. Del total de los planes de egreso finiquitados, 164 casos superaron los cien millones, con 143 trabajadores Rol B y 21 trabajadores Rol A. En el caso de estos últimos, hay 12 trabajadores que sobrepasaron los 200 millones y cinco rebasaron los 300 millones de pesos.
Los 51 millones de dólares pagados por los 237 planes de retiro equivalen al 12 por ciento de las ganancias registradas en esa División en 2013 (415 millones de dólares), al 11 por ciento de las utilidades de 2014 (459 millones de dólares) y a un 40 por ciento de las reportadas en 2016 (127 millones de dólares), según consignan las respectivas memorias anuales de Codelco. Además de ser la división más rentable, El Teniente, ubicada en Rancagua, es la que registra la mayor producción dentro de la cuprera (475.339 toneladas métricas de cobre fino en 2016) y a fines del año pasado tenía la dotación propia más alta: 4.524 trabajadores.
La dura polémica entre Codelco y la CGR escaló luego que el ente contralor cuestionó una indemnización por 511 millones de pesos que la estatal pagó a Augusto González, ex supervisor y ex director de Codelco, cuando éste se acogió a un plan de egreso voluntario en 2015. La CGR detectó que Codelco infringió las disposiciones laborales sobre acumulación de feriados, establecido en el artículo 70 del Código del Trabajo, permitiendo que González acumulara vacaciones por sobre el límite respectivo. Además, sostuvo que se hicieron pagos en forma errónea al trabajador, pues se le canceló por turnos que no había realizado. Codelco acusó a la CGR de que le estaban exigiendo conductas que corresponden a un servicio público y no a una empresa que, según la minera, opera como si fuera una sociedad anónima. El contralor insistió ante el Parlamento que desde Codelco han caricaturizado la discusión y que la CGR busca, entre otras cosas, que Codelco actúe bajo “los principios de eficiencia, eficacia y probidad” en el manejo de los recursos que son de todos los chilenos.Tras las declaraciones de Bermúdez, desde Codelco anunciaron que recurrirían a la justicia para que dirima la disputa. Luego de las primeras diligencias en el Ministerio Público, las investigaciones sobre Codelco quedaron en manos de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, titulares de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, quienes enviaron un oficio a Cochilco pidiendo las auditorías realizadas por la entidad a Codelco en los últimos diez años.

BONOS CUANTIOSOS
Entre tanto, la radio Bío Bío reveló que una indagatoria interna de Codelco detectó irregularidades en trámites administrativos al interior de Molyb, filial de la cuprífera estatal encargada de la producción de molibdeno. Se trata de pagos de bonos por cerca de 400 millones de pesos a ejecutivos de la firma, sin aprobación del directorio y con giro de cheques que no cumplieron con los procedimientos internos.
El vicepresidente ejecutivo de Cochilco afirmó también ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que se están revisando al menos veinte casos más de antiguos ejecutivos que recibieron indemnizaciones superiores a los 300 mil dólares. Codelco sostiene que esos pagos corresponden a un plan de retiro voluntario que formó parte del convenio colectivo que la minera firmó con los trabajadores durante el periodo presidencial del empresario Sebastián Piñera (2010-2014), quien ahora nuevamente se repostula a La Moneda.
Más allá de la polémica, las indemnizaciones millonarias pagadas a ex ejecutivos ponen en entredicho las declaraciones del presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro, quien en agosto del año pasado aseguró que Codelco no tenía “un puto peso”. De hecho la empresa está inmersa en un agresivo plan de reducción de costos que le ha permitido reducir el costo de caja en 16 por ciento desde que Pizarro asumió el timón en 2014.

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 878, 23 de junio 2017).

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