Punto Final, Nº 882 – Desde el 18 hasta el 31 de agosto de 2017.
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Criminalizan al pueblo mapuche, a un lado y otro de la Cordillera


EN Argentina: campaña por la libertad del lonco Facundo Jones Huala.


El 27 de junio se reunieron en Chile Mauricio Macri y Michelle Bachelet. En una agenda apretada de doce horas, los presidentes de Argentina y Chile centraron su diálogo en la profundización de las relaciones bilaterales para “avanzar en una convergencia” entre la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, México y Perú) y el Mercosur (integrado por Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Venezuela y Bolivia).
El objetivo enunciado es fortalecer las políticas de “libre comercio” entre los países de ambas alianzas, así como los “mecanismos de seguridad” comunes. La “integración regional” en la actual coyuntura, con mayor peso de los países con gobiernos de derecha, marca un fuerte contraste con aquel momento en que Fidel y Chávez soñaban y abrían camino al Alba (Alianza Bolivariana de las Américas) y a propuestas de unidad continental que se alejaban de la hegemonía norteamericana y europea. De lo que se trata ahora es de colocar a nuestros países al servicio del capital transnacional y sus proyectos extractivistas neocoloniales.
El encuentro abordó -como parte de esta misma propuesta- la voluntad de incrementar la presión internacional sobre el gobierno y el pueblo de Venezuela, buscando favorecer una rápida “salida” a la crisis en ese país -crisis provocada por la derecha fascista- a partir de la desestabilización y del intento de derrumbe de la Revolución Bolivariana, o por la vía de la intervención directa habilitada por ámbitos de la diplomacia del dólar como la OEA o la ONU.
El cóndor vuelve a sobrevolar nuestros países y a desgarrar a nuestros pueblos.
Los temas planteados incluyen la política de criminalización del pueblo mapuche. Al igual que en todo el continente, los pueblos originarios y su resistencia contra el colonialismo, son obstáculos fundamentales para el avance de las políticas extractivistas impulsadas por las corporaciones transnacionales y los gobiernos funcionales a las mismas. Las comunidades que realizan la defensa de los ríos, las montañas, los bosques, la biodiversidad, constituyen una dificultad central para el avance del capital sobre los bienes comunes y territorios. Por ello los gobiernos sirven en bandeja leyes y represión al poder transnacional, con la criminalización de estos pueblos y comunidades, la deslegitimación de sus luchas, y su presentación como “terroristas”. En ese contexto, en la reunión de Bachelet y Macri fue acordada la prisión de Facundo Jones Huala, lonco del Lof Cushamen de Chubut. Esta se concretó horas después, a 50 kms. de Bariloche, donde el líder mapuche había participado en la ceremonia del Wiñoy Tripantu (Año Nuevo mapuche).
La Gendarmería Nacional argentina detuvo al lonco por orden del juez federal subrogante Gustavo Villanueva, y del fiscal federal Jorge Bagur Creta, de Río Negro. La detención se basó en un pedido de Interpol, a partir de un juicio de extradición a Chile concluido en 2016 en Argentina, en el que la sentencia declaró nulo lo actuado, ya que se llevó adelante sobre la base de tortura a testigos y numerosas irregularidades. Esa sentencia fue apelada y se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.
Vale recordar que Facundo Jones Huala estuvo detenido en el marco de esa misma causa entre el 27 de mayo y 1º de septiembre de 2016, cuando se produjo la sentencia por la cual se lo liberó. La nueva detención es por esta misma causa, de modo que resulta un doble juzgamiento, una doble persecución, y en definitiva, una violación del derecho al debido proceso y a las garantías constitucionales, así como de los derechos que surgen de los tratados internacionales.
Se trata de un nuevo caso de criminalización de la lucha mapuche, en que se alían los gobiernos de Chile y Argentina, defendiendo los intereses de las empresas transnacionales. El racismo institucionalizado es expresión del colonialismo que refuerza las políticas del poder capitalista y patriarcal.

LA NUEVA “CAMPAÑA AL DESIERTO”
El 30 de enero de 2013, estando el lonco Facundo en Chile, en casa de la machi Millaray Huichalaf, de la comunidad del Roble Carimallin, la joven machi fue acusada de un incendio en el fundo Pisue Pisue, y fue detenida junto a otros hermanos mapuches. En la casa de la machi se encontraba de paso el lonco Facundo Huala, que fue detenido con ellos. La comunidad se encontraba movilizada para enfrentar la construcción de una central hidroeléctrica de capitales noruegos, Stakraft en el río Pilmaiquén. Salvo la machi, que estuvo detenida en prisión preventiva por cuatro meses -condenada por encubrimiento-, los otros detenidos fueron absueltos porque no pudo demostrarse la acusación. Sin embargo Facundo se había fugado, por lo que no terminó absuelto. El gobierno chileno mantiene la presión para su extradición, imputándolo como responsable de incendio, infracción a la ley de control de armas y a la ley de extranjería, esperando tenerlo 18 años preso en ese país. Resumiendo: en el juicio por el que se pide su extradición, todos los imputados se encuentran en libertad; y además, quedó demostrado durante el jucio de extradición realizado en Argentina, que dicho proceso estuvo plagado de irregularidades.
¿Por qué continúa la prisión del lonco?
El poder político de Argentina también está interesado en su prisión, y durante los últimos años ha venido hostigando y reprimiendo de manera sistemática a la comunidad del Lof Cushamen y a quienes la apoyan en diferentes lugares del país. Esta comunidad, integrada principalmente por jóvenes mapuches que reivindican la autonomía y el camino de recuperación de sus territorios ancestrales por la vía de la acción directa, cometió el “crimen”, el año 2015, de recuperar tierras en la estancia Leleque, apropiadas por la Compañía Tierras del Sud Argentino, de la transnacional Benetton.
El lonco Facundo ha dicho en diferentes entrevistas que “la Campaña al Desierto continúa”. Esta fue uno de los mayores genocidios realizados en el territorio que hoy se llama Argentina contra los pueblos originarios. El gobierno de Macri, que ha reivindicado en varios de sus malos discursos a la “generación del 80” -la que dirigió y realizó el genocidio-, continúa la política de avance sobre territorios indígenas, para ponerlos al servicio del capital transnacional.
La Compañía Tierras del Sud Argentino antes mencionada, fue fundada en 1889 en Inglaterra con el nombre “The Argentinian Southern Land Company”, con el objetivo de realizar actividades comerciales en la Patagonia, adquiriendo las tierras que venían siendo apropiadas en el marco de la “Campaña al Desierto”, financiada en parte por esa compañía. Durante el gobierno del innombrable (Carlos) Menem, Benetton compró el paquete accionario de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que para entonces había modificado su estatuto incorporando entre sus objetivos la minería. Actualmente, con alrededor de un millón de hectáreas en territorio argentino, Benetton se encuentra en diversas provincias patagónicas y se ha vuelto el mayor terrateniente de Argentina. La decisión del Lof Cushamen de recuperar tierras apropiadas por Benetton, es una afrenta que les resulta insoportable, y que han decidido “castigar” para que no se multiplique el ejemplo.
La prisión del lonco Facundo Jones Huala, tiende entonces a desmovilizar a algunas de las comunidades mapuches que vienen organizando estas recuperaciones, y que ponen en debate la lógica colonial de apropiación y extranjerización de las tierras, de contaminación, destrucción y muerte, que llevan adelante los gobiernos provinciales y nacionales.
En el encuentro con Bachelet, Macri aseguró también que iban a reimpulsar el proyecto de Vaca Muerta, con el objetivo de buscar inversiones para el desarrollo energético de ambos países. En consonancia con ese anuncio, el miércoles 21 efectivos de Gendarmería llegaron a la comunidad Campo Maripe en Neuquén, escoltando a cuadrillas de YPF que entraron ilegalmente a territorio mapuche, para poner en marcha un proyecto de fracking rechazado por la comunidad. Según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén: “Por orden de la ministra Bullrich, Gendarmería ha militarizado la comunidad Campo Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan de basura de la contaminación petrolera”. Señalaron también: “Más allá de la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que llegó el fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay seguridad sobre nuestras tierras y aplicación de derecho a la consulta, no los dejaremos en paz”.
Con diferentes estrategias, el pueblo mapuche está enfrentando en esta hora no sólo el avance de las corporaciones transnacionales sobre los territorios que habitan y recuperan, sino también el avance represivo. En la prisión de Facundo Jones Huala, como en la del líder wichi Agustín Santillán en Formosa, se concentra la voluntad de los gobiernos de disciplinar al activismo indígena y popular. La lucha por su libertad es parte de la resistencia a la ofensiva conservadora y fascista impulsada por las transnacionales, que “vienen por todo” pero que en esta nueva conquista comienzan como lo hicieron antes, por los cuerpos, la vida y la libertad de nuestros pueblos originarios, de los guerreros y guerreras de la tierra.

CLAUDIA KOROL
En Buenos Aires

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017).


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