Punto Final, Nº 882 – Desde el 18 hasta el 31 de agosto de 2017.
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Perú en el ojo de la corrupción

 

El 28 de julio de 2016, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, asumió el cargo luego de haber ganado las elecciones por estrecho margen. En su primer mensaje manifestó querer “una revolución social para mi país. Anhelo que en cinco años Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario (…) ¿Qué significa ser un país moderno? Significa que las desigualdades entre los más pobres y los más ricos deben resolverse levantando el ingreso de los más pobres”, dijo.
Un año después, nada de esa revolución social se ha plasmado. Aunque Kuczynski ha tenido que enfrentar un Congreso hostil, con una aplastante mayoría fujimorista de 73 congresistas de 130, cuyo único objetivo era vengarse de quien le había arrebatado la Presidencia a su lideresa natural, Keiko Fujimori -algunos han llegado a decir, sin pruebas, que hubo fraude electoral para evitar que ella asumiera la Presidencia-, lo cierto es que su gestión ha dejado mucho que desear.
Kuczynski inició su mandato con un gabinete esencialmente tecnócrata, conformado por personas en su mayoría provenientes del sector privado, unas pocas con experiencia previa en el Estado, pero con una enorme incapacidad política comenzando con el propio presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, cuyo único interés es preservar la marcha de la economía neoliberal.
Zavala nunca entendió el afán del fujimorismo de obstaculizar la marcha del gobierno, porque comparten la defensa del modelo neoliberal, aplicado en los 90 por Alberto Fujimori (1990-2000) y que ha sido continuado por los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y ahora por el de Kuczynski. La mayoría fujimorista en el Congreso, representada en Fuerza Popular, censuró a dos ministros -Jaime Saavedra Chanduví, de Educación, que venía del gobierno de Humala, y Alfredo Thorne, de Economía y Finanzas- y obligó a renunciar a la cartera de Transportes y Comunicaciones al vicepresidente Martín Vizcarra. Además, por cualquier motivo obliga a los ministros a asistir a maratónicos interrogatorios.
Kuczynski y Zavala creyeron que cediendo espacios al fujimorismo al entregarle importantes cargos públicos -incluyendo dos integrantes en el directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), la Contraloría y organismos supervisores, entre otros-, los dejarían gobernar en paz, pero se equivocaron de plano.

KEIKO A LA OFENSIVA
A principios de julio, Keiko Fujimori, que se considera una especie de “presidenta alternativa”, convocó a Kuczynski a una reunión para discutir “la situación política y económica que atraviesa nuestro país” y “abordar temas medulares como la reconstrucción y la lucha contra la corrupción”. El mandatario respondió invitando a la lideresa opositora a realizar el encuentro el 11 de julio en el palacio de gobierno y llevar los temas tratados al Acuerdo Nacional, espacio multipartidario donde se debaten los temas de interés nacional.
Entre los temas tratados se incluyeron la creación de una Procuraduría General de la República autónoma, reformas al Consejo Nacional de la Magistratura, instancia autónoma encargada del nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales, fortalecimiento de la Contraloría General de la República, realizar reformas estructurales a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y otros organismos estatales, y acelerar las inversiones públicas, entre otros. Estos acuerdos fueron plasmados en proyectos de ley que Kuczynski incluyó en su mensaje a la nación para ser presentados al Congreso.
Al ataque permanente del fujimorismo al Ejecutivo se suma una economía al borde de la recesión debido a la caída de los precios internacionales de los metales y una menor entrada de capitales al país.

PPK RECONOCE LA CRISIS
En su mensaje a la nación el 28 de julio, el mandatario admitió que “nuestro primer año de gobierno enfrentó varios contratiempos imprevistos como Lava Jato y el Niño Costero (calentamiento anormal de las aguas del Pacífico peruano que se produjo entre enero y abril, provocando intensas lluvias, inundaciones, desbordes y deslizamientos que devastó la mitad del país). Quizá subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico en un contexto como este. Me disculpo si fue así. No me imaginé que se juntarían, en pocos meses, dos acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato.
El escándalo de Lava Jato en Brasil generó nefastas consecuencias en nuestro país. Para combatir esa ola de corrupción, hemos tenido que poner fin a importantes contratos, que generaban miles de puestos de trabajo. La cadena de pagos de varios contratistas se interrumpió. Pero era más importante demostrar que aquí, en el Perú, tomamos acciones inmediatas y enérgicas contra la corrupción. Acciones que han sido reconocidas en otras partes del mundo y vistas como un ejemplo en la región latinoamericana. Al mismo tiempo, llegó el llamado Niño Costero, el cual nos causó tremendos daños, particularmente en la Costa Norte, pero también en la Sierra”, agregó.
Pero el caso Lava Jato y el Niño Costero no son los únicos elementos que explican la crítica situación económica que atraviesa el país.

CRITICAS DE ECONOMISTAS
Según el economista Oscar Dancourt, “después del primer año de gobierno de Kuczynski, la situación de la economía urbana ha empeorado y el estancamiento se ha convertido, probablemente, en una recesión. En primer lugar, porque el gobierno de Kuczynski mantuvo la política restrictiva de Humala y, además, aplicó un duro e innecesario ajuste fiscal (recorte de la inversión pública) desde fines de 2016 hasta casi mediados de 2017, para reducir el déficit fiscal. En segundo lugar, porque el gobierno de Kuczynski puso todos los huevos de la reactivación de la economía urbana en la canasta del destrabe de la inversión privada, especialmente aquella vinculada al sistema de concesiones gubernamentales en infraestructura”.
Analistas como Carlos Monge, señalan que el mensaje presidencial fue “absolutamente predecible. Nos dijo que heredamos una mala situación económica y que el Niño Costero y Lava Jato empeoraron todo, pero que ya el próximo año creceremos más gracias a la reconstrucción, algunas grandes inversiones mineras y el destrabe de megainversiones promovidas desde el Estado”, señaló Monge en su columna del diario UNO. “Habló generalidades, sin medidas de fondo de su compromiso con el combate a la corrupción, la mejora en la capacidad de generar empleo con derechos desde las pequeñas y medianas empresas, y mejora de la seguridad”.
Pero lo que sí fue significativo fueron los silencios, olvidos y vacíos del discurso de Kuczynski. Los pueblos indígenas, el medioambiente, trabajo digno, derecho a la salud, una educación de calidad y los conflictos sociales, simplemente no fueron mencionados.

LA CORRUPCION EN MARCHA
El escándalo Lava Jato ha causado enormes estragos no sólo en el aspecto económico. Los tres últimos presidentes se encuentran investigados por este caso. Toledo, quien vive en Estados Unidos, se encuentra con pedido de extradición acusado de haber recibido un millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht; Humala y su esposa Nadine Heredia están cumpliendo prisión preventiva mientras son investigados por haber recibido dinero del gobierno de Venezuela para su campaña electoral de 2006, y de Odebrecht para la de 2011. Por el momento Alan García se está librando de tener orden de detención, gracias al control que el Partido Aprista tiene del Poder Judicial.
Jacqueline Fowks, periodista y analista política, señaló a Punto Final que “a diferencia de Alan García, Toledo y Humala se encuentran bastante debilitados. Toledo ya no tiene un partido político que lo respalde, y Humala no tiene quien lo defienda. La Fiscalía, en su afán de exhibir algunos éxitos ante la opinión pública, decidió ir tras los dos con menos posibilidades de defenderse”.
Kuczynski tampoco se ha librado de ser investigado en el caso Lava Jato por su participación en el gobierno de Toledo como primer ministro y ministro de Economía, en relación a la Carretera Interocéanica impulsada por Brasil, para conectar el Pacífico con el Atlántico y construida por Odebrecht. Al final, esta vía sólo ha servido para que crezca la minería ilegal en la región de Madre de Dios, fronteriza con el Estado brasileño de Acre y el departamento boliviano de Pando, destruyendo extensas áreas de bosque amazónico.
La destitución de dos procuradoras que investigaban los sobornos de Odebrecht, tendría que ver con presiones de los bancos y del propio presidente, y también podría explicar el hecho que Alan García permanezca intocable. El 19 de julio, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, destituyó a Julia Príncipe de la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y cesó a la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero.
Julia Príncipe, que tiene estrechos vínculos con el Partido Aprista de García, había sido destituida durante el gobierno de Humala como procuradora contra lavado de activos. Ella tenía a su cargo la investigación de Nadine Heredia. A modo de resarcimiento, fue designada por Kuczynski como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Ampuero, por su parte, fue nombrada por Príncipe y, en el marco de la investigación de Lava Jato, había realizado un interrogatorio a Kuczynski, que se sintió molesto por las preguntas, negándose a responder.
Ampuero, además, había desacatado un decreto legislativo sobre colaboración eficaz que permitía que empresas como Odebrecht pudieran vender sus activos para pagar en primer lugar a sus acreedores y establecer un monto como reparación civil. La procuradora había solicitado al juez Richard Concepción, a cargo del caso Lava Jato, que prohibiera que Odebrecht vendiera sus activos sin antes pagar la reparación civil, lo cual fue aceptado. Según Fowks, “lo que habría ocurrido es que, luego del pedido de Ampuero a Concepción, los bancos saltaron y presionaron al gobierno para que Odebrecht primero les pague a ellos, y como la cuerda se corta por el lado más débil, las procuradoras fueron destituidas”.

SE DESINFLA EL FRENTE AMPLIO
La Izquierda parlamentaria tampoco tuvo un buen año. El Frente Amplio, la segunda fuerza después del fujimorismo, contaba con veinte legisladores, pero conflictos internos llevaron a que un grupo de diez congresistas decidiera retirarse de la bancada y conformar el bloque Nuevo Perú, afín a la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Los restantes diez decidieron mantener su lealtad a Marco Arana, exsacerdote, líder del partido Tierra y Libertad y congresista por Cajamarca, que prestó su inscripción electoral para participar en las elecciones generales de 2016. Aunque en el Frente Amplio confluyeron organizaciones políticas, colectivos ciudadanos y personalidades de la sociedad civil, Arana decidió mantenerlo como “propiedad” de Tierra y Libertad y cerrar su padrón de militantes. Detrás de esta decisión estarían los más de 2.3 millones de soles (720.000 dólares) anuales que Tierra y Libertad recibirá como financiamiento público hasta 2021 y que no está dispuesto a compartir con las otras fuerzas políticas de Izquierda que inicialmente integraron el Frente Amplio.
Debido a una ley contra el “transfuguismo”, aprobada por la mayoría fujimoristas en octubre del año pasado, cualquier congresista que sea expulsado o renuncie a la bancada por la que fue elegido, no podrá sumarse a otro grupo político con representación parlamentaria, ni ser elegido en la junta directiva del Congreso ni de las comisiones, aunque podrá continuar con su labor legislativa. Actualmente hay trece congresistas (diez de Nuevo Perú, dos de Fuerza Popular y uno del oficialismo) que fueron expulsados o se retiraron de sus bancadas.

LIOS EN EL FUJIMORISMO
El fujimorismo tampoco es una organización monolítica. Desde principios de año, los conflictos entre Keiko y su hermano Kenji, el congresista más votado en las elecciones del año pasado, se agudizaron. Detrás estaría el indulto a su padre, Alberto Fujimori, preso desde 2007 cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Poco antes del 28 de julio, corrieron fuertes rumores que Kuczynski otorgaría el indulto humanitario a Fujimori, pero la presión social habría logrado que dé marcha atrás por el momento. Aunque Keiko y Kenji sostienen que luchan por la libertad de su padre, asegurando que es inocente de los delitos por los cuales fue condenado, un indulto significaría la admisión de culpabilidad. Otra opción es otorgarle detención domiciliaria, pero tener fuera de la cárcel a Alberto Fujimori significaría su retorno al escenario político y al control del partido, algo que Keiko no estaría dispuesta a aceptar. Kenji Fujimori, favorable al indulto a su padre, fue sometido por su bancada a un proceso disciplinario el 18 de julio y suspendido por sus críticas al conservadurismo e intolerancia mostrada por congresistas de Fuerza Popular hacia posiciones discrepantes.
Pero lo cierto es que, como señala Verónika Mendoza, Kenji Fujimori no representa ningún cambio en el fujimorismo. “Puede haber maquillaje, puede haber un show mediático para acorralar al presidente Kuczynski (para que otorgue el indulto), pero en el fondo, lamentablemente, el fujimorismo sigue siendo el mismo”, declaró a la prensa. “En el fondo Keiko y Kenji son lo mismo. Ambos reivindican la década fujimontesinista. Ninguno de los dos se ha deslindado de la mafia, de la corrupción y ambos reivindican la misma política económica, la misma lógica y visión de país”.
La lideresa de Nuevo Perú calificó de “falacias vergonzosas” las versiones que sostienen que un eventual indulto a Alberto Fujimori podría “mejorar la situación económica”. Señaló además que la reunión de Keiko Fujimori con Kuczynski fue un “show mediático inacabable, que constituye una burla hacia el pueblo peruano. Se ha venido jugando y especulando por un lado en el tema del indulto, y el simple hecho de evocar esa posibilidad es una burla”

CECILIA REMON
En Lima

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017).

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