Punto Final, Nº 889 – Desde el 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2017.
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Las elecciones de 1938

Represión y cohecho contra Aguirre Cerda

 

PEDRO Aguirre Cerda rodeado de partidarios. Derrotó al cohecho en las elecciones de 1938.


Luego de la masacre del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, Arturo Alessandri llevó a cabo una dura represión destinada a impedir el triunfo del candidato del Frente Popular, el radical Pedro Aguirre Cerda.
La masacre derivó en el retiro de la candidatura de Carlos Ibáñez; y lo que habría sido una elección a tres bandas -con el triunfo casi seguro del candidato de derecha Gustavo Ross- se transformó en una elección entre Ross y Aguirre. Además, este último recibió el apoyo de quienes habían respaldado a Ibáñez, incluyendo a los derrotados nazis chilenos que se habían izquierdizado desde las elecciones parlamentarias de marzo de 1937.
De este modo, Alessandri declaró estado de sitio el 7 de septiembre y solicitó una ley adicional de facultades extraordinarias al Congreso para restringir aún más la vigencia de los derechos humanos. Pero ya el día 5 había comenzado una feroz represión extralegal, consistente en la detención arbitraria de decenas de personas, en la clausura de varios diarios y revistas, y en el establecimiento de una censura previa. Todo esto generó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Luis Salas Romo, de notable trayectoria represiva desde el empastelamiento del diario La Opinión, en 1934.
Las leyes represivas fueron aprobadas con el natural concurso de liberales y conservadores. Y el gobierno consiguió también el apoyo de los siete diputados de la Falange Nacional (que hasta fin de año siguieron formando parte del Partido Conservador), prometiéndoles engañosamente que sustituiría a Salas Romo en dicho cargo de aprobarse dichas leyes. Por lo mismo, resaltó más la decisiva oposición de la FN a la acusación constitucional de Salas, incluyendo la justificación que dio en su representación el diputado Fernando Durán: “La clausura temporal de los diarios La Opinión y Trabajo no fue hecha en conformidad a las disposiciones legales. Esto tienen que reconocerlo todos los diputados. Pero las circunstancias en que se tomó esta medida, todas coincidentes con el estallido de la subversión y con el temor que ella tuviera nuevos brotes, quitan a esa medida el aspecto de arbitrariedad que la ley exige para que se convierta en delito penado por ella” (Boletín de Sesiones de la Cámara; 27-9-1938).
Sin embargo, gracias al senador Rafael Luis Gumucio y a la FN se logró que la aplicación de ambas leyes por cuatro meses se suspendiera entre el 10 y el 30 de octubre, considerando que las elecciones presidenciales eran el 25 de octubre. Y que las facultades especiales y el estado de sitio no regirían para la propaganda electoral. En todo caso, las leyes de excepción se emplearon particularmente para reprimir la libre información y expresión, como quedó consignado en el mismo debate sobre la acusación constitucional y en reseñas periodísticas que pudieron ver la luz el 10 de octubre.
De todas formas, la parte final de la campaña se desarrolló con gran represión y violencia por parte del gobierno y la derecha. Así, pese a la suspensión de las leyes de excepción, el intendente de Santiago, Julio Bustamante, citó el 8 de octubre “a los directores de los órganos de prensa de la oposición con el objeto de notificarles que, por orden del gobierno, quedaba prohibida la publicación de informaciones y gráficos de los sucesos del 5 de septiembre, así como de toda forma de ataques al gobierno y a las autoridades, so pena de procederse al requisamiento de las ediciones” (La Opinión; 10-10-1938).
Asimismo, dado que el gobierno no permitió inicialmente el regreso de los relegados por estado de sitio, se presentaron exitosamente recursos de amparo en su favor. También se detuvo el 13 de octubre -como producto de un anunciado nuevo complot- a los ibañistas René Montero y Humberto Martones, y a varios militares en retiro; y el 14 al general (r)Armando Marín, por “propalar noticias contrarias al gobierno” (La Opinión; 18-10-1938). Así también el intendente de Antofagasta, Carlos Souper, puso obstáculos para manifestaciones públicas a favor de Aguirre Cerda. Además, se abrió un nuevo proceso en contra del diputado radical Justiniano Sotomayor, por denuncias de “injurias contra el presidente de la República” efectuadas por el capitán de Carabineros de Puente Alto, Belarmino Meza, presente en un acto de proclamación de Aguirre Cerda. Y otro similar contra el diputado democrático Manuel Antonio Luna, por haber dicho que los grandes culpables de la masacre del Seguro Obrero eran Alessandri, el ministro del Interior y el director general de Carabineros (Humberto Arriagada).
Por otro lado, fue asesinado en Illapel, por activistas de Gustavo Ross, el dirigente sindical Bernardo Ross Peña, lo que generó la petición de un ministro en visita por el propio Aguirre, y una petición de desafuero del diputado liberal Rafael del Canto Medán, efectuada por el diputado radical Pedro Enrique Alfonso. Días después, en el mismo Illapel, activistas de Ross dejaron gravemente herido al dirigente socialista Juan Gallardo.
Otro elemento utilizado por la derecha fue una “campaña del terror”, análoga a la usada contra Alessandri en 1920 y a las que usaría contra Salvador Allende en los 60. En esto se buscó unir a la Unión Soviética con el espectro del Frente Popular español y la guerra civil de ese país. A tal punto llegó su beligerancia, que El Diario Ilustrado instó a expulsar a los exiliados latinoamericanos que residían en Chile, como lo recordó el peruano Luis Alberto Sánchez: “Llegó al extremo, en 1938, de acusarnos editorialmente de intervenir en la campaña electoral, lo que no habíamos hecho todavía (…) y nos amenazó expresamente con que uno de los primeros actos del señor Ross Santa María, si ganaba las elecciones, sería deportarnos a cualquier otro país. Ante semejante amenaza gratuita e infundada hasta allí, sólo nos quedó una alternativa: o salir de Chile o dedicarnos a ayudar sin ambages al Frente Popular, rompiendo la discreción y neutralidad que hasta entonces habíamos mantenido” (Visto y vivido en Chile. Bitácora chilena. 1930-1970; Edit. Unidas, Lima, 1975; p. 93).

COHECHO DESENFRENADO
Pero sin duda que el arma más utilizada fue el acrecentamiento del cohecho que llegó a dimensiones inusitadas. En este sentido, se crearon verdaderas concentraciones de adherentes o de personas políticamente dudosas en grandes lugares cerrados para que pasaran allí todo el día, recibiendo desayuno, almuerzo y disponiendo de todo tipo de entretenciones, además de recibir una gratificación en dinero. Para este efecto se dispuso de empresas de simpatizantes, resaltando las organizadas por el ingeniero Guillermo Franke (según el diario La Hora, “el hombre más agraciado por el señor Ross y el gobierno con las construcciones fiscales, sin propuestas públicas”) cuyos lugares detallaba el diario: “Lourdes esquina de Carrascal; General Velásquez esquina de Teresita; Independencia 2312; Gálvez casi esquina Alonso Ovalle; Cervecerías Ebner; Padre Mariano 64; Estadio Nacional” (22-10-1938).
Asimismo, dos días antes de las elecciones (el 23) se supo de una orden completamente restrictiva para aceptar denuncias de cohecho, que llevó el teniente coronel Juan Bautista Pezoa (uno de los jefes de la masacre del Seguro Obrero) a los carabineros de provincia: “Para que el delito sea flagrante tiene que constarle personalmente a la autoridad; por consiguiente, la denuncia hecha de que hay uno que está comprando, o de otro que se está vendiendo, son recursos electorales muy socorridos que deben rechazarse. En resumen: negarse a aceptar denuncias por cohecho” (La Hora; 25-10-1938).
Y el mismo día de la elección, La Hora transcribió la siguiente declaración de Juan Pradenas y Máximo Venegas Sepúlveda -presidente y secretario general, respectivamente, del Partido Democrático- protocolizada ante el notario Jorge Maira: “Que han visitado recientemente al director del Registro Electoral, don Ramón Zañartu Eguiguren, obteniendo que dicho funcionario  les exhibiera el tipo de sobre que la repartición a su cargo ha distribuido en el país para el acto electoral (…) pudiendo comprobarse que dichos sobres son transparentes” (25-10-1938).

VOTAN LOS “CARNEROS”
El cohecho el día de la elección fue desenfrenado. El diputado falangista, Ricardo Boizard, relató que “en mi visita a las mesas, pude constatar una absoluta tranquilidad. El pueblo ya no gritaba ni protestaba del cohecho. Este se ejercía tranquilamente y con el visto bueno de la autoridad. En las secretarías de Ross, llenas de gente, se entregaba a veces unos tubos con el voto del candidato adentro, para que, abiertos en el pupitre, emitieran un ruido que por sí solo controlaba al elector. Las empanadas estaban en todas partes ofreciendo su jugo y su olor. Los agentes, alegres y confiados, no tenían ya ni siquiera el trabajo de buscar carneros. Los carneros llegaban dócilmente y se dejaban trasquilar” (Historia de una derrota; Edit. Orbe, 1941; pp. 152-3).
Por otro lado, una edición vespertina de La Hora daba cuenta de que la secretaría de Ross había impreso votos con grandes letras de color rojo, pretendiendo con ello -dado el grado de transparencia de los votos- un mayor control de los cohechados; además señalaba que en diversos lugares del país se había detenido dirigentes frentistas y allanado violentamente sedes de campaña; que en Iquique se detuvo al dueño de un vapor que traería de Punta de Lobos más de 250 electores frentistas, quienes no pudieron votar; que cien obreros fueron convocados a la sede de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, cohechados y llevados en pequeñas partidas en automóviles a votar, y que se había reportado cohecho generalizado en Ñuñoa, Talagante, Rosario, Ninhue y Constitución (25-10-1938). Y al día siguiente, La Hora reportó cohecho generalizado en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Rengo, Santa Cruz, Maule, Los Angeles, Galvarino, Putaendo, Quillota y Buin (26-10-1938).
Aguirre Cerda pidió al presidente de la Corte Suprema, Romilio Burgos, que instruyera a los jueces del país para que atendieran las denuncias, lo que hizo por circular telegráfica. Además, el comando de Aguirre instruyó a los frentistas de provincia que lo necesitaran, que fueran a las secretarías de Ross haciéndose pasar por partidarios suyos, para que les costearan el pasaje hasta los lugares en que debían votar (Ver Arturo Olavarría. Chile entre dos Alessandri, Tomo I; Edit. Nascimento, 1962; p. 356). Asimismo se enviaron exitosamente falsos telegramas -a nombre del comando de Ross- a provincias para que suspendieran la compra de votos, señalándoles que ya no hacía falta (Ver Ibid.; p. 357).

LIGAS CONTRA EL COHECHO
También las acciones de las Ligas Contra el Cohecho fueron muy efectivas expresándose -en Santiago- en el uso de bombas lacrimógenas en varios locales utilizados para encerronas, provocando el desbande de los “carneros” (Ibid.; p. 356), en la marcación que efectuaban mujeres y niños de “carneros” -al salir de las secretarías de Ross- para que más adelante fueran objeto de palizas disuasivas por activistas frentistas (Ver Gonzalo Vial. Historia de Chile, 1891-1973, volumen V, De la República Socialista al Frente Popular, 1931-1938; Edit. Zig-Zag, 2001; p. 571), y en el ataque directo de sedes de encerronas para “liberar” a los carneros, lo que se traducía en pugilatos entre activistas de ambos bandos (Ver La Opinión; 26-10-1938).
El éxito de dichas Ligas fue reconocido, con eufemismos, por el propio Arturo Alessandri: “Los atropellos y coacción absoluta para el libre sufragio culminaron en las ciudades de Punta Arenas, Taltal, Valdivia, Concepción, Talca, Talcahuano, San Bernardo, Cabrero, San Rosendo y Yungay”; y particularmente en Concepción “donde quedaron por lo menos tres mil o más electores de derecha sin poder sufragar, por habérselos impedido a viva fuerza las ligas contra el cohecho de las izquierdas” (Recuerdos de gobierno, Tomo III; Edit Nascimento, 1967; p. 306).
También algunos jueces del crimen, con voluntad de hacer cumplir la ley, allanaron lugares donde los rossistas hacían encerronas. Por ejemplo Pelegrín Sepúlveda, quien acompañado de carabineros constató que en Avenida Brasil 533 y 543 (en locales cedidos por Guillermo Franke) había cerca de 500 personas. De acuerdo al acta judicial el portero, Enrique Lazo, le contestó al juez: “Aquí tenemos a la gente dudosa a quien hemos pagado para que no vote”. Y luego de ordenar la detención de Lazo y de los centenares de “carneros”, llegó al local ¡el teniente coronel Juan Bautista Pezoa, quien procedió a ordenar la liberación de todos los detenidos en abierto desacato al juez allí presente! (La Hora; 5-11-1938).
Así, pese a todo el cohecho (hubo casos de pueblos como Los Sauces, San Fabián, Paredones y Rosario, en que Aguirre Cerda obtuvo cero votos), los resultados finales favorecieron estrechamente a Aguirre quien obtuvo 222.720 votos, contra 218.609 de Gustavo Ross, con 2.559 votos nulos y blancos (Ver Germán Urzúa Valenzuela. Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 1992); Edit. Jurídica de Chile, 1992; p. 501). Con todo, la derecha intentó desconocer su derrota. Excepciones claves en este sentido fueron los senadores José Maza (liberal) y Rafael Luis Gumucio (conservador); y los líderes falangistas Ricardo Boizard, Bernardo Leighton, Guillermo Echenique y Manuel José Yrarrázaval; todos reconocieron prontamente el triunfo de Aguirre Cerda. Boizard llegó a señalar que “la Falange Nacional defenderá al presidente electo en la prensa, en el Parlamento o en la calle” (La Hora; 28-10-1938)

FELIPE  PORTALES (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro de su autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 889, 24 de noviembre 2017).

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