 GENERAL Sergio Arellano Stark: por orden de Pinochet hizo masacrar a 72 prisioneros políticos. |
El grupo de oficiales dirigido por Arellano Stark recorrió diversas ciudades del país, entre ellas Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Hay indicios de que también estuvo en Valdivia, Temuco, Linares y Talca. Actuó bajo instrucciones precisas y por escrito del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, para "agilizar" los procesos contra prisioneros políticos. El recorrido por Cauquenes y las ciudades del norte dejó un saldo de 72 prisioneros asesinados, muchos de ellos masacrados con cuchillos y corvos. Las víctimas fueron sacadas de los lugares de detención donde cumplían condenas menores de prisión dictadas por Consejos de Guerra. Estos crímenes constituyen una de las páginas más vergonzosas de la historia del Ejército chileno por el sadismo y cobardía con que actuaron los oficiales a cargo de la operación.
El ministro Juan Guzmán dispuso también el procesamiento del brigadier Pedro Espinoza Bravo (que está preso en Punta Peuco, condenado por el asesinato de Orlando Letelier) y de los coroneles Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito y Patricio Díaz Araneda. Podría pedirse la extradición del mayor Armando Fernández Larios, que reside en Estados Unidos bajo protección federal, que participó en esos hechos y de otros uniformados que también fueron cómplices.
La resolución del ministro de fuero, Juan Guzmán, tiene importancia histórica. Por primera vez se rompe la impunidad que ha rodeado un caso espeluznante que se conoce incluso en detalle. Se inicia así un procedimiento criminal que debería culminar en sentencia condenatoria dado el carácter de los delitos y su condición de crímenes contra la humanidad.
Obviamente las actuaciones de Sergio Arellano Stark no fueron de su iniciativa personal, aunque ella no puede descartarse por la forma brutal en que se cometieron los crímenes. Pero, como Arellano ha señalado reiteradamente, él cumplió instrucciones de Pinochet. Le fueron dadas en un momento en que los mandos de las FF.AA. que integraban la cúpula de la dictadura decidieron endurecer la represión y hacer un escarmiento, que fuese también una advertencia al interior del Ejército. En este punto el Informe de la Comisión Rettig señala:
"Cualquiera alternativa que se haya dado, no cabe discutir que este viaje al norte con su carácter oficial y extraordinario, con la altísima autoridad -emanada de la Comandancia en Jefe- que lo presidía, con su secuela de impactantes ejecuciones sin proceso y con su ostentosa impunidad, no pudo dar a los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden sino una sola señal: que el mando era uno solo y había que ejercerlo duramente".
Sergio Arellano Stark no era un oficial de baja graduación. Era un "jefe distinguido" que había hecho méritos conspirando contra el anterior comandante en jefe, general Carlos Prats González, y el gobierno constitucioneal del presidente Salvador Allende. Junto al general Oscar Bonilla, ministro del Interior de Pinochet, eran sindicados como prodemocratacristianos. Arellano había sido edecán del presidente Eduardo Frei Montalva. Ambos generales fueron al comienzo partidarios de un gobierno militar relativamente breve que entregaría el poder a los civiles, entendiendo que así llegaría a manos de Frei Montalva, presidente del Senado hasta el 11 de septiembre de 1973 y que reclamaba su derecho a ocupar la presidencia.
Las órdenes de Pinochet permitieron a Arellano romper la cadena de mando en las ciudades visitadas, tal como lo testimonió en su momento el general Joaquín Lagos, jefe de la División con base en Antofagasta, que condenó las actuaciones del delegado del comandante en jefe y luego renunció al Ejército.
La relación Pinochet-Arellano se mantuvo en el tiempo. El general delegado siguió en las filas luego de las masacres, ascendió y recibió honores. En situación similar estuvieron los otros oficiales ahora procesados que se vincularon a la DINA y participaron en torturas y crímenes resonantes como el de Orlando Letelier y el atentado que mató al general Carlos Prats y a su esposa en Buenos Aires en septiembre de 1974.
La detención de Sergio Arellano Stark y los otros oficiales se produjo a pocas horas del discurso del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, en Arica con motivo del Día de la Infantería.
Izurieta protestó públicamente por la detención de Pinochet en Londres, solidarizó con él y reiteró que el Ejército no descansará hasta que el "Benemérito" regrese al país. Sostuvo, al mismo tiempo, que la "familia militar" estaba inquieta por los procesos judiciales incoados por atropellos a los derechos humanos. Esa situación inquieta a los militares y por lo tanto hay que hacer -dijo- un esfuerzo para "abordar con altura de miras, con un gran acuerdo (el problema) sin olvidar el contexto histórico en que estos hechos ocurrieron".
 JUAN Guzmán Tapia, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. |
Las declaraciones del general Izurieta se sumaron a otras semejantes, en que había anticipado que el Ejército defendería a los militares y ex militares que sean sometidos a procesos judiciales.
Las opiniones de Izurieta fueron respaldadas de inmediato por el almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Armada, y por el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Rojas Vender, que pronto se acogerá a retiro. El almirante Arancibia fue lejos. Sostuvo que ha llegado el momento de "sentarse a conversar" y que las FF.AA. proponen una "comisión de alto nivel nacional con visión de Estado y de futuro" para resolver el problema pendiente de las violaciones de los derechos humanos, anticipando de este modo una maniobra que desde hace tiempo está en marcha con participación discreta de elementos de derecha, la Concertación y las Fuerzas Armadas.
Aunque las declaraciones del general Ricardo Izurieta tuvieron claro sesgo deliberativo, fueron minimizadas por el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán. Sostuvo que no hay que dramatizar; aclaró que "el general Izurieta es un demócrata". Posteriormente el ministro se reunió privadamente con Izurieta al que pidió -según dijo- "mesura" y "prudencia" en sus declaraciones públicas. Por su parte, el ministro del Interior, Raúl Troncoso, sostuvo que "siempre es posible llegar a un acuerdo en materia de derechos humanos".
La maniobra es clara y, previsiblemente, se apresurará con el procesamiento de Sergio Arellano Stark y sus cómplices y por los avances que registra la investigación en Argentina del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía, también ordenado por Pinochet. Se incrementarán los trajines para un "acuerdo nacional" que burle definitivamente la justicia.
Sin embargo, no es posible siquiera imaginar ese "acuerdo" mientras las FF.AA. no reconozcan sus crímenes ni acepten la responsabilidad histórica que les cabe en haber impuesto a Chile una dictadura terrorista en alianza con la derecha y el capital transnacional. Si los militares no aceptan un examen histórico objetivo y se parapetan en sus propias versiones de una historia en la cual nadie cree, no hay posibilidades serias de avances en una materia que divide y tensiona a los chilenos.
PF
